LA PRESCRIPCIÓN GENERAL Y LA LEGISLACIÓN ESTATAL Y DE LAS CC.AA.

Tras la publicación de la Ley 42/2015 de 5 de octubre que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero, se actualiza también el régimen de prescripción que contiene el Código Civil. Tal reforma acorta los plazos de prescripción estableciendo un periodo general de 5 años para los plazos generales, conforme al art. 1964 del Cc.

La Ley establece a su vez un régimen transitorio para las relaciones existentes, dispone que las relaciones que no tengan plazo especial y hayan nacido antes de la entrada en vigor de la Ley se regirá por lo establecido en el art. 1939 del Cc., este art. dice “la prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirán por las leyes anteriores al mismo, pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriere todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá esta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”, esto quiere decir, que los plazos generales que han comenzado antes de la entrada en vigor de la Ley seguirán prescribiendo a los 15 años, pero si llega al plazo de prescripción establecido en la nueva ley, se entenderá que ha prescrito a todos sus efectos.

Para entender esto vamos a poner un sencillo ejemplo, imaginemos que hemos firmado un préstamo con fecha 2004, el plazo de prescripción de la deuda comienza a contar en 2007, como comienza antes de la entrada a la nueva ley disponemos del plazo de 15 años, pero tenemos que tener en cuenta que, a partir de la entrada en vigor de la Ley en el 2015, acorta el
plazo y señala 5 años incluso aunque requiera mayor tiempo, prescribiendo en el 2020 toda acción.

Tenemos además que tener en cuenta el Derecho de las CCAAs, ya que el Código Civil Primero de Cataluña establece plazos distintos que el Código Civil estatal, en su art. 121-20 fija el plazo de 10 años para las pretensiones de cualquier clase, es decir, el criterio general. Dicha legislación se aplica de manera prioritaria al Derecho Civil estatal en la CCAA de Cataluña conforme al art. 111-5 del Cc. Catalán. Lo mismo ocurre en la Ley 1/1973 de 1 de marzo, por el que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, que recoge en su art. 2 la prioridad de aplicación de las leyes de la Compilación por encima del Derecho supletorio y en el art. 39 establece el plazo de prescripción general para las acciones personales de 30 años.

La prescripción es un tema complejo y hay que estudiar muy bien el caso concreto, y tener muy en cuenta varios asuntos relacionados, como son: el dies a quo, es decir, el día de inicio de la prescripción, tipo de pretensión, plazo para cada pretensión, los supuestos de suspensión de la prescripción, los criterios para aplicar la legislación estatal o la legislación foral, las
competencias exclusivas del estado, las competencias delegadas a las CCAAs y otros muchos problemas que se debaten en torno a la prescripción.

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